RECURSOS GRUPO INVESTIGACIÓN ERGO
Fruto de diversas colaboraciones y participaciones en diferentes proyectos de investigación, el Grupo de Investigación ERGO ha producido diversas guías como las que se detallan a continuación:
- Guía para la aplicación de la Ley 11/2018 sobre Información No Financiera.
- Guía para la implementación de un sistema de compliance en la PYME.
- Guía sobre la divulgación de información no financiera para PYMES.
- Modelo de contabilidad social en materia de prevención de riesgos laborales.
Guía aplicación Ley 11/2018
La Ley 11/2018 transpone la Directiva 2014/95/UE al ordenamiento jurídico español incrementando los requisitos que deben cumplir las empresas en materia de información no financiera. Estos avances regulatorios hacen necesaria la elaboración de una guía que ayude a las empresas a dar respuesta a los requerimientos legales de información.
Guía sobre la divulgación de información no financiera para PYMES
La divulgación de información no financiera constituye una práctica arraigada entre las grande empresas. También las pequeñas y medianas empresas tienen la necesidad de responder a las demandas informativas de sus grupos de interés y esta guía presente fomentar y ayudar a las PYMES en la divulgación de información no financiera de calidad siguiendo las mejores prácticas disponibles.
Modelo de contabilidad social en materia de prevención de riesgos laborales
Esta guía pretende mejorar la transparencia de la información divulgada sobre cuestiones en materia de prevención de riesgos laborales por parte de las PYMES.
Guía para la implementación de un sistema de compliance en la PYME
Desde la introducción de la Responsabilidad Penal de las personas jurídicas en 2010 en el ordenamiento jurídico español, la incertidumbre sobre cómo se deben gestionar los riesgos penales e implementar los sistemas de compliance para evitarla supone un desafío constante para las empresas. Esta incertidumbre ha sido aún mayor en las PYMES, debido a que el principio de proporcionalidad que establece el Código Penal y la posterior Directiva 1/2016 de la Fiscalía General del Estado no definen criterios claros que permitan determinar el nivel de proporcionalidad adecuado al diseñar e implementar el sistema de compliance.